Las familias palestinas en Jerusalén Este se ven cada vez más obligadas a demoler sus propias viviendas para evitar las exorbitantes tasas municipales israelíes, con 23 de estas 'autodemoliciones' registradas solo en el primer trimestre de 2026, según la Gobernación de Jerusalén. Esta práctica, descrita por los residentes como 'sacarse los ojos a sí mismos', subraya una prolongada lucha por los permisos de construcción en la ciudad. Muchas familias se enfrentan al desplazamiento y la ruina financiera.
La creciente práctica de la autodemolición presenta una elección drástica para los residentes palestinos en Jerusalén Este. Wael Al-Tahan, residente de Ras al-Amud, conoce esta elección íntimamente. Cuatro años después de que las autoridades israelíes arrasaran su primera vivienda, se encontró ante el mismo destino por un pequeño apartamento de su propiedad.
Esta vez, sin embargo, él mismo empuñó las herramientas. No tenía otra opción. Pasó semanas intentando sortear la burocracia municipal.
Al-Tahan había soportado años de disputas legales con la municipalidad de Jerusalén. Ya había pagado más de 40.000 dólares en multas por "construir sin permiso", una acusación que se impone con frecuencia a los propietarios palestinos. Cuando llegó una orden de demolición final para su segunda propiedad, un pequeño apartamento, se enfrentó a un nuevo y agonizante dilema: permitir que las autoridades israelíes llevaran a cabo la demolición y pagar una tarifa adicional que superaba los 30.000 dólares, o desmantelar su vivienda con sus propias manos.
La elección fue brutal. Eligió la autodemolición, viéndola como el mal menor. "Todo lo que me quedaba después era un pequeño apartamento, y hoy me vi obligado a demolerlo yo mismo porque no nos dejarán en paz", dijo Al-Tahan a Independent Arabia, con la voz cargada de resignación. Esta era su segunda vivienda perdida.
Este cálculo financiero impulsa muchas decisiones similares en Jerusalén Este. Marouf al-Rifai, asesor legal de la Gobernación de Jerusalén, explicó la preferencia estratégica de Israel por esta opción. "Israel prefiere esta opción porque así evita ser visto asaltando viviendas palestinas ante el mundo", afirmó al-Rifai. Detalló los elevados costos impuestos a quienes no cumplen: tarifas por excavadoras, fuerzas de seguridad israelíes, ambulancias, vehículos de defensa civil e incluso perros guardianes.
Estos cargos pueden obligar a las familias palestinas a años de arduo trabajo, a menudo asumiendo deudas paralizantes, simplemente para cubrir el costo de sus viviendas destruidas. Las cuentas no cuadran para un sistema supuestamente diseñado para la planificación urbana. Se parece más a una aplicación punitiva.
No muy lejos de Ras al-Amud, en el barrio de Al-Bustan, Mohammed Odeh se enfrentó a una situación similar con un giro único. Se vio obligado a demoler no solo su propia vivienda, sino también la de su hermano. La municipalidad de Jerusalén había emitido una orden de demolición para la propiedad de Odeh ya en 2009, una saga que abarca casi dos décadas.
Los motivos de la orden eran particularmente llamativos: la casa se encontraba en un lugar considerado, según las creencias judías, como "el punto más cercano entre la tierra y el cielo". Odeh ya había pagado una multa sustancial de 70.000 dólares por construir sin permiso, una cantidad que representa los ahorros de toda una vida para muchos. Su familia, junto con la de su hermano, ahora vive con parientes, sus vidas trastocadas. Insiste en que permanecerá en Jerusalén, una ciudad que se niega a abandonar, afirmando: "aunque sea debajo de un árbol". Su determinación es palpable.
Mientras Independent Arabia hablaba con Odeh, su vecino, Mohammed Qweider, también estaba inmerso en la sombría tarea de demoler su propia residencia. La familia de Qweider posee documentos que prueban la propiedad de su tierra en Al-Bustan que datan del siglo XVII, siglos antes del estado moderno. Su familia posee más de 20 viviendas en esa parcela ancestral.
Estas no son nuevas reclamaciones de tierras. Son derechos históricos profundamente arraigados, ahora desafiados por las leyes de zonificación contemporáneas. Fíjese en el poder real, no en la retórica.
En el centro de estas demoliciones se encuentra el proceso extremadamente difícil, a menudo imposible, para que los palestinos obtengan permisos de construcción de la municipalidad de Jerusalén, administrada por Israel. Los planes estructurales oficiales para Jerusalén, elaborados por la municipalidad, asignan solo el 14% de la tierra de la ciudad para el desarrollo en barrios palestinos. Las áreas restantes se designan como "zonas verdes", parques nacionales israelíes o para la expansión de asentamientos israelíes.
Esta política ahoga eficazmente el crecimiento palestino e impide la expansión natural. Crea un entorno donde la construcción legal es una rareza, obligando a los residentes a construir sin permisos simplemente para alojar a sus familias en crecimiento. Esto es lo que no le están diciendo: el sistema de permisos no se trata principalmente de planificación urbana o seguridad; se trata de control demográfico y afirmación de soberanía.
Históricamente, el control sobre la tierra y la demografía ha sido una característica central de los conflictos en ciudades disputadas a nivel mundial. Desde el registro de tierras de la era otomana hasta las leyes de zonificación del Mandato Británico, y ahora la planificación municipal israelí, las herramientas administrativas han servido consistentemente a objetivos políticos. El régimen actual de permisos en Jerusalén Este se hace eco de estos patrones históricos.
Limita la expansión palestina al tiempo que facilita la construcción israelí, particularmente alrededor de áreas consideradas estratégicamente significativas, como la zona cercana a la Ciudad Vieja, a menudo conocida como la "Cuenca Sagrada". Este enfoque sistemático crea hechos sobre el terreno que son difíciles de revertir. Marouf al-Rifai confirmó un "aumento sin precedentes en las operaciones de demolición" en toda la ciudad. Las autoridades israelíes demolieron más de 147 viviendas en Jerusalén durante los primeros tres meses de 2026.
Veintitrés de estas fueron autodemoliciones. Solo en 2025, Israel demolió 367 viviendas en Jerusalén. En los últimos cinco años, el total supera las 1.200 viviendas.
Estos no son incidentes aislados, sino una campaña de presión sostenida y creciente que ataca el tejido mismo de la vida palestina en la ciudad. Cada demolición representa una familia desplazada. El costo humano se extiende mucho más allá de las sanciones financieras inmediatas y el desplazamiento físico.
Las familias son desarraigadas, a menudo perdiendo generaciones de lazos comunitarios. Los niños pierden sus escuelas, sus amigos y la estabilidad de sus barrios. El impacto psicológico de destruir la propia vivienda, un símbolo fundamental de estabilidad, seguridad y pertenencia, es inmenso y duradero.
La determinación de Mohammed Odeh de permanecer en Jerusalén, a pesar de perder su vivienda y vivir con parientes, habla de una conexión profunda con la tierra y la identidad que trasciende las dificultades inmediatas. Esto no es meramente una crisis de vivienda; es una crisis de existencia, que desafía la propia presencia de los palestinos en su ciudad ancestral. Las implicaciones estratégicas son claras y de gran alcance.
Estas políticas remodelan activamente el panorama demográfico de Jerusalén Este, un territorio reclamado tanto por israelíes como por palestinos como su capital. Al hacer que la construcción legal sea casi imposible para los palestinos, mientras que simultáneamente expande los asentamientos e infraestructura israelíes, la municipalidad solidifica su control. Esto crea hechos irreversibles sobre el terreno, alterando el carácter demográfico y físico de la ciudad.
Socava sistemáticamente cualquier perspectiva futura de un estado palestino contiguo con Jerusalén Este como su capital, impidiendo eficazmente una solución de dos estados basada en las fronteras anteriores a 1967. La lucha por los permisos es, en esencia, una lucha por el futuro de la ciudad. Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han criticado con frecuencia las políticas de demolición de Israel en Jerusalén Este, citando preocupaciones sobre el derecho internacional y los principios humanitarios.
Grupos como B'Tselem y Human Rights Watch documentan regularmente estas demoliciones, destacando el impacto desproporcionado en las comunidades palestinas. Sin embargo, la intervención directa o la presión diplomática efectiva de las principales potencias mundiales sigue siendo rara. El enfoque a menudo permanece en negociaciones de paz más amplias, a menudo estancadas, mientras que las realidades diarias para los residentes perduran.
Esta falta de presión externa robusta permite que el sistema actual persista sin control, agravando los desafíos que enfrentan familias como los Al-Tahan, los Odeh y los Qweider. Puntos clave: - Las familias palestinas en Jerusalén Este se ven cada vez más obligadas a autodemoler sus viviendas para evitar las elevadas tasas municipales israelíes y los costos de demolición. - El sistema de permisos administrado por Israel asigna solo el 14% de la tierra de Jerusalén para el desarrollo palestino, haciendo que la construcción legal sea casi imposible para los residentes. - Más de 1.200 viviendas palestinas han sido demolidas en Jerusalén en los últimos cinco años, con 147 registradas solo en el primer trimestre de 2026. - Esta política es una herramienta estratégica para el control demográfico, remodelando el carácter de Jerusalén Este y socavando las futuras perspectivas de paz. ¿Por qué es importante? La demolición sistemática de viviendas palestinas en Jerusalén Este representa más que un simple problema de vivienda local; refleja un componente central del conflicto israelí-palestino más amplio: la lucha por el control de Jerusalén.
Estas políticas, al limitar severamente el desarrollo palestino y alterar la demografía de la ciudad, impactan directamente la viabilidad de una solución de dos estados y alimentan profundas quejas entre la población palestina. Para los residentes, significa inseguridad constante, la amenaza de desplazamiento y una profunda angustia psicológica. Para la región, significa inestabilidad continua y un horizonte cada vez más reducido para una paz justa y duradera.
El destino de estas viviendas refleja el destino de un futuro político. De cara al futuro, las batallas legales continuarán en los tribunales israelíes, aunque con éxito limitado para los residentes palestinos. Los grupos de defensa persistirán en documentar las demoliciones y apelar a los organismos internacionales.
Sin embargo, sin un cambio significativo en la política municipal israelí con respecto a la asignación de permisos o una presión internacional sustancial y coordinada, la tendencia de autodemoliciones forzadas y desplazamiento en Jerusalén Este persistirá. Los observadores deben vigilar de cerca cualquier cambio en la retórica gubernamental o en las prácticas de aplicación, particularmente en áreas sensibles como Al-Bustan y Ras al-Amud, donde la lucha demográfica es más aguda. La lucha por el espacio y la identidad en Jerusalén no disminuirá; se intensificará.
Puntos clave
— - Las familias palestinas en Jerusalén Este se ven cada vez más obligadas a autodemoler sus viviendas para evitar las elevadas tasas municipales israelíes y los costos de demolición.
— - El sistema de permisos administrado por Israel asigna solo el 14% de la tierra de Jerusalén para el desarrollo palestino, haciendo que la construcción legal sea casi imposible para los residentes.
— - Más de 1.200 viviendas palestinas han sido demolidas en Jerusalén en los últimos cinco años, con 147 registradas solo en el primer trimestre de 2026.
— - Esta política es una herramienta estratégica para el control demográfico, remodelando el carácter de Jerusalén Este y socavando las futuras perspectivas de paz.
Fuente: The Independent