Miles de californianos, incluidos los sobrevivientes del Incendio Eaton de 2025 en Altadena, se enfrentan a importantes obligaciones fiscales sobre los pagos de indemnización destinados a reconstruir hogares y vidas. La posible tributación se debe a la expiración de una exención federal crucial a finales de 2025, un hecho que Bree Jensen, directora de comunicaciones del Grupo de Recuperación a Largo Plazo del Incendio Eaton, describió como una "descreencia aterradora" para los residentes afectados. Sin intervención legislativa, estos pagos, a menudo el único medio de recuperación, podrían reducirse en más de un tercio.
Para muchas familias que lo perdieron todo en el infierno, las decisiones financieras son inmediatas y difíciles. Una propietaria de Altadena, cuya familia pasó más de un año mudándose entre casas de parientes y propiedades de alquiler, describió haber tomado decisiones difíciles. Ella espera una indemnización de aproximadamente $700.000.
Si se grava como ingreso, ella estima una reducción del 37%, una pérdida de casi $260.000. Este es un golpe sustancial. Los costos de construcción estimados de su familia por sí solos se acercan al millón de dólares. "Tenemos que asumir que no tenemos ese dinero", explicó, hablando de forma anónima debido al litigio en curso, "así que estamos tomando decisiones, eligiendo materiales más baratos, renunciando a la energía solar". Esta elección influye directamente en la demanda de la cadena de suministro de la construcción, lo que podría desplazar la adquisición hacia componentes de construcción de menor costo, posiblemente importados.
El Incendio Eaton, que arrasó Altadena en enero de 2025, destruyó 9.000 estructuras y cobró 19 vidas. Southern California Edison (SCE) y su empresa matriz, Edison International, han reconocido que su equipo eléctrico pudo haber provocado el incendio. Este patrón de incendios causados por empresas de servicios públicos se ha convertido en un problema recurrente en todo el Oeste americano.
En respuesta, SCE introdujo el año pasado un programa de indemnización, prometiendo pagos rápidos basados en las pérdidas evaluadas, junto con una prima adicional para aquellos que optaron por no litigar. Más de 2.800 hogares han solicitado este programa. Miles más están presentando demandas contra la empresa de servicios públicos, un proceso que puede prolongarse durante años.
Una investigación sobre la causa específica del Incendio Eaton sigue abierta. Sin embargo, la ayuda financiera, ya sea a través de programas de indemnización directa o futuros acuerdos judiciales, ahora se enfrenta a un obstáculo inesperado: la tributación federal. Una exención fiscal federal anterior para las indemnizaciones relacionadas con incendios forestales, que el Congreso había promulgado en los últimos años, expiró a finales de 2025.
Esta laguna crea una brecha financiera para los sobrevivientes del Incendio Eaton y otros en Colorado, Hawái y Oregón. El dinero, destinado a restaurar hogares y estabilidad, de repente conlleva una considerable carga fiscal potencial. Este es un punto crítico.
Bree Jensen señaló que, si bien las cifras de las indemnizaciones "parecen mucho dinero", a menudo se quedan cortas respecto al costo real de reconstruir en comunidades con gastos de construcción disparados y mercados de seguros cada vez más restrictivos. Los números en el manifiesto de envío de nueva madera, hormigón y materiales para techos cuentan la verdadera historia de los gastos crecientes. Los esfuerzos en el Congreso para restablecer esta exención fiscal se han encontrado con retrasos.
Un proyecto de ley bipartidista de la Cámara de Representantes, diseñado para extender la exención fiscal para los pagos relacionados con desastres por incendios forestales declarados federalmente desde 2015 hasta 2026, fue aprobado por unanimidad en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara el mes pasado. Esta medida se aplicaría a los pagos recibidos en 2026 y años posteriores. La legislación también incluye disposiciones para una mayor exención fiscal sobre las pérdidas de propiedades por desastres federales, un detalle que obtuvo el apoyo de legisladores que representan a estados vulnerables a huracanes y otros fenómenos meteorológicos extremos.
El representante de Florida Greg Steube, un republicano que defendió el proyecto de ley de exención fiscal de 2024, expresó su confianza en la eventual aprobación del proyecto de ley a The Associated Press. Sin embargo, admitió que "el cronograma exacto sigue siendo incierto". Esta incertidumbre crea un limbo financiero significativo para los sobrevivientes. Se han presentado dos proyectos de ley similares en el Senado, pero no han tenido más avances.
El estancamiento legislativo se produce mientras los sobrevivientes observan a los legisladores lidiar con otros temas de alto perfil, como la guerra de Irán y un cierre récord del Departamento de Seguridad Nacional. Algunos temen que la extensión de la exención fiscal por desastres simplemente no sea una prioridad. "La gente tiene bajas expectativas de que algo se haga realidad", afirmó Jenn Kaaoush, sobreviviente del Incendio Marshall de 2021 y miembro del consejo municipal en Superior, Colorado. Su comunidad, como muchas otras, comprende el lento proceso de recuperación.
Si bien la mayoría de las casas destruidas en Superior han sido reconstruidas, Kaaoush señaló que muchos residentes aún se están recuperando financieramente, a menudo encontrándose con un seguro insuficiente. El costo económico se extiende más allá de las estructuras físicas; impacta los balances individuales y la resiliencia de la comunidad durante años. Los equipos de servicios públicos han sido implicados en algunos de los incendios más mortíferos y destructivos de los últimos tiempos.
Estos incidentes han llevado a acuerdos multimillonarios, pero la resolución a menudo lleva muchos años. A medida que los costos de construcción continúan aumentando y los seguros se vuelven cada vez más caros y difíciles de obtener, la indemnización de estas acciones legales se ha convertido en un componente crítico de cómo muchos hogares logran empezar de nuevo. Doug Boxer, un abogado que representa a más de 17.000 californianos en casos contra empresas de servicios públicos, incluidos más de 2.000 clientes que demandan a Southern California Edison, enfatizó lo que está en juego. "Es la diferencia entre que los pueblos se reconstruyan o no, francamente", afirmó Boxer.
Su firma, parte de la coalición LA Fire Justice, ve de primera mano cómo estos fondos se traducen directamente en actividad económica local, impulsando la demanda de mano de obra y materiales. Este es un eslabón esencial en la cadena de suministro de la recuperación. La importancia más amplia de este problema fiscal se extiende más allá de los hogares individuales.
Jenn Kaaoush también expresó su preocupación de que si los pagos por incendios forestales se cuentan como ingresos, sus electores podrían ser descalificados de los beneficios gubernamentales calificados por ingresos para alimentos, atención médica o apoyo a veteranos. "Esto tiene impactos de segundo y tercer orden en sus vidas que causarán daño", explicó. Jennifer Gray Thompson, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro de defensa de los sobrevivientes After The Fire, ha cabildeado por proyectos de ley de ayuda tanto pasados como presentes. Ella cree que los legisladores entienden la necesidad bipartidista de la exención fiscal por desastres. "A medida que estos desastres se suceden rápidamente, tendremos que adaptarnos en todos los niveles, y nuestro código fiscal tendrá que adaptarse junto con ellos", dijo Gray Thompson.
Sin embargo, no puede predecir cuándo ocurrirá realmente esa adaptación. Los residentes de Maui, por ejemplo, se enfrentan a desafíos similares mientras esperan los pagos de un acuerdo de $4 mil millones con Hawaiian Electric, con solo unas 180 casas reconstruidas en Lahaina de las 2.200 destruidas. El alcalde del condado de Maui, Richard Bissen, ha escrito a los legisladores, enfatizando que la "certeza" es lo que más necesitan los sobrevivientes de Lahaina.
Esta situación subraya cómo una política fiscal aparentemente técnica moldea directamente la trayectoria de la recuperación de desastres. El flujo de capital, desde los acuerdos de las empresas de servicios públicos hasta los hogares individuales, es un insumo fundamental para reconstruir las cadenas de suministro, ya sea para materiales de construcción, mano de obra especializada o incluso los bienes y servicios básicos que apoyan a una comunidad en recuperación. Cuando una parte significativa de ese capital es desviada por la tributación, reduce el poder adquisitivo en cada paso.
Esto puede ralentizar la reconstrucción, forzar compromisos en la calidad y la resiliencia, y prolongar la angustia económica de las regiones afectadas. Las decisiones tomadas en Washington, D.C., repercuten en las ferreterías locales y en las obras de construcción de todo el país. La política comercial, en este caso, es esencialmente política social por otros medios, determinando quién se recupera y con qué rapidez.
Puntos clave: - Miles de sobrevivientes de incendios forestales se enfrentan al impuesto federal sobre la renta por los pagos de indemnización debido a una exención expirada. - Esta tributación podría reducir los pagos en más de un tercio, afectando los esfuerzos de reconstrucción y la elegibilidad para otros beneficios gubernamentales. - Un proyecto de ley bipartidista de la Cámara de Representantes para extender la exención fiscal ha sido aprobado en comité pero espera una votación en el pleno, sin un cronograma claro para la acción del Senado. - El problema afecta a los sobrevivientes de grandes incendios en California, Colorado, Hawái y Oregón, destacando un desafío recurrente en la recuperación de desastres. Para los residentes de Altadena y otros que navegan por esta compleja situación posterior, el camino hacia la recuperación se siente plagado de nuevos obstáculos. Un residente anónimo, también propietario que perdió su propiedad en el Incendio Eaton, afirmó que ser gravado "solo nos añadiría más dolor y sufrimiento, de verdad". Jennifer Gray Thompson advirtió que si bien los sobrevivientes pueden aplazar impuestos o modificar declaraciones anteriores, resolver problemas con programas gubernamentales, como la elegibilidad para ayuda financiera universitaria, es mucho más difícil. "No hay forma de deshacer eso", dijo.
La incertidumbre en torno a estos fondos críticos significa que muchas familias no pueden finalizar los planes de reconstrucción o asegurar su futuro financiero. Todas las miradas estarán puestas en el Capitolio para ver si los legisladores pueden superar sus diferencias y proporcionar la certeza financiera clara que los sobrevivientes de incendios forestales necesitan desesperadamente para realmente volver a empezar.
Puntos clave
— - Miles de sobrevivientes de incendios forestales se enfrentan al impuesto federal sobre la renta por los pagos de indemnización debido a una exención expirada.
— - Esta tributación podría reducir los pagos en más de un tercio, afectando los esfuerzos de reconstrucción y la elegibilidad para otros beneficios gubernamentales.
— - Un proyecto de ley bipartidista de la Cámara de Representantes para extender la exención fiscal ha sido aprobado en comité pero espera una votación en el pleno, sin un cronograma claro para la acción del Senado.
— - El problema afecta a los sobrevivientes de grandes incendios en California, Colorado, Hawái y Oregón, destacando un desafío recurrente en la recuperación de desastres.
Fuente: AP News