Aquí está la cifra importante: 12,000. Ese es el número de nuevos agentes que la Oficina de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) ha añadido a sus filas desde enero, con el objetivo de duplicar su fuerza para una campaña federal de deportación. Esta rápida expansión, respaldada por una asignación congresional de 75 mil millones de dólares, ha provocado, según informes, importantes fallos en la verificación, con algunos reclutas comenzando a trabajar antes de completar las verificaciones de antecedentes obligatorias, según una investigación de The Associated Press. Exfuncionarios de ICE advierten que tales prácticas aumentan la responsabilidad de la agencia.
La magnitud de esta campaña de contratación, descrita por el director interino de ICE, Todd Lyons, como una que atrajo más de 220,000 solicitudes, llevó a la agencia a sus límites. Las ofertas de bonos de contratación de hasta 50,000 dólares y los requisitos relajados, incluyendo la ausencia de un título universitario, atrajeron a un amplio grupo. Muchos de los nuevos contratados poseían cualificaciones convencionales, como experiencia previa como funcionarios de prisiones o veteranos militares.
Sin embargo, la investigación de The Associated Press encontró evidencia de que una parte de los solicitantes con historiales problemáticos fueron verificados de forma incompleta o aprobados a pesar de problemas pasados. Esto genera preocupaciones sobre la integridad de la fuerza. Entre los contratados se encontraba Carmine Gurliacci, de 46 años, quien se unió a ICE en Atlanta el pasado diciembre después de renunciar a la fuerza policial de Richmond Hill, Georgia.
Gurliacci se había declarado en bancarrota dos veces: primero en 2013 en Nueva York, listando 95,000 dólares en pasivos, y nuevamente en 2022 en Georgia, citando la ausencia de ingresos y dos años de desempleo. La angustia financiera puede ser una vulnerabilidad significativa. Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria de ICE en tres administraciones, especificó que una deuda grave a menudo actúa como "una señal de alarma bastante grande" para posibles sobornos o extorsiones, problemas que históricamente han afectado a ICE.
Después de la aprobación de su bancarrota en 2022, Gurliacci inició un patrón de cambios frecuentes de trabajo. Pasó por seis agencias de aplicación de la ley diferentes en Georgia en un lapso de tres años. Cada vez, renunció antes de asumir su siguiente puesto.
Los registros judiciales obtenidos por la AP detallan sus salidas, incluyendo dejar un puesto de seguridad universitaria en 2023 debido a "problemas personales imprevistos". Luego se unió a la Oficina del Sheriff del Condado de Butts, para después trasladarse a la Oficina del Sheriff del Condado de Chatham por solo dos meses. El gobierno federal solicitó su expediente personal del Condado de Chatham para una verificación de antecedentes dos meses después de que comenzara a trabajar para ICE, lo que indica un proceso de verificación retrasado. Cuando fue contactado por un reportero, Gurliacci prometió devolver la llamada, pero nunca respondió a los mensajes de seguimiento.
Otro recluta notable es Andrew Penland, de 29 años, quien se transfirió a ICE después de dejar su puesto como ayudante del sheriff en el Condado de Greenwood, Kansas, en diciembre. El mandato de Penland en el Condado de Bourbon, Kansas, concluyó el año pasado en medio de una demanda. La demanda alegaba que arrestó falsamente a una mujer en 2022.
La aseguradora del condado finalmente pagó 75,000 dólares para resolver la demanda, según el acuerdo. June Bench, la mujer involucrada, describió el incidente. Un vecino, también funcionario del condado, acusó a Bench de casi atropellarlo con su coche.
Penland respondió a la escena. Las imágenes de la cámara corporal lo mostraron animando al vecino a presentar cargos. Le dijo al hombre que Bench iría a la cárcel sin necesidad de su testimonio, esperando un acuerdo de culpabilidad.
Bench mantuvo su inocencia, afirmando que la acusación provenía de una disputa personal. Penland la arrestó por un cargo de agresión grave, la encarceló e incautó su vehículo. Su informe afirmaba que un video de vigilancia mostraba al vecino saltando de su "coche a toda velocidad". Bench pasó una semana en la cárcel.
Le tomó más de un año limpiar su nombre, con el cargo desestimado por falta de pruebas. Cuando Bench finalmente obtuvo el video al que Penland hizo referencia, este mostraba su coche haciendo un giro rutinario, sin ninguna colisión cercana. "Eso me asusta. Abusa de su poder", dijo Bench a la AP, expresando su consternación al enterarse del empleo de Penland en ICE.
Penland desactivó su cuenta de LinkedIn y notificó a ICE sobre la investigación después de ser contactado, pero no respondió a la AP. Antonio Barrett representa un tercer caso de contratación cuestionable. Barrett inicialmente no logró completar una academia de aplicación de la ley de Colorado en 2020.
Un correo electrónico visto por la AP confirmó que fue uno de los dos estudiantes que no "completaron partes de la academia", recibiendo "una calificación incompleta". Finalmente terminó el programa después de que un colegio comunitario organizara una capacitación y prueba especial de un día. Consiguió un puesto en el departamento de policía de La Junta, Colorado, en julio de 2020. Su mandato duró solo tres semanas antes de renunciar.
Nunca regresó a la policía local. Antes de su breve paso por La Junta, Barrett trabajó como funcionario de prisiones en una cárcel de Colorado. En 2017, se enfrentó a una demanda por uso excesivo de la fuerza.
La demanda alegaba que él y un colega infligieron dolor a un recluso esposado mientras lo sacaban a la fuerza de una silla de ruedas. Los funcionarios estatales argumentaron que sus acciones fueron apropiadas. Un tribunal estuvo de acuerdo, desestimando el caso.
Barrett no respondió a las solicitudes de comentarios. Estos casos individuales subrayan preocupaciones más amplias sobre la calidad de la capacitación. ICE sostiene que los nuevos reclutas reciben 56 días de capacitación, seguidos de 28 días de instrucción en el puesto de trabajo.
La agencia afirma que la mayoría de los nuevos agentes ya se han graduado de academias de aplicación de la ley. Sin embargo, Ryan Schwank, exinstructor de la academia de ICE, ofreció una perspectiva diferente durante su testimonio en febrero. Afirmó que los líderes de la agencia redujeron las horas de capacitación para el uso de la fuerza, la seguridad con armas de fuego y los derechos de los manifestantes.
Schwank observó que algunos nuevos reclutas tenían tan solo 18 años, carecían de títulos universitarios y no hablaban principalmente inglés. "No les estamos dando la capacitación para saber cuándo se les pide que hagan algo que no deben hacer, algo ilegal o incorrecto", testificó. Esto acorta la curva de aprendizaje. El Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz de ICE, se negó a abordar decisiones de contratación específicas.
Sin embargo, reconoció que algunos solicitantes recibieron "cartas de selección provisional" y ofertas de empleo temporal antes de que se finalizaran las verificaciones completas de antecedentes. El departamento declaró que "ICE se compromete a garantizar que su personal de aplicación de la ley cumpla con los más altos estándares y los verifica rigurosamente durante todo el proceso de contratación". Describió la verificación como "un proceso continuo, no un evento único". Si se elimina el ruido, la historia es más simple de lo que parece: una rápida expansión superó las salvaguardias estándar. Marshall Jones, experto en reclutamiento policial en el Florida Institute of Technology, señaló el desafío de evaluar el nuevo grupo de empleados de ICE sin datos completos.
Sugirió que en una campaña masiva de contratación, algunos "candidatos menos que ideales" que cumplen los criterios mínimos podrían ser seleccionados, individuos que normalmente serían pasados por alto en un ciclo de contratación estándar. "Si estás contratando a cientos o miles de personas, incluso con los mejores procesos de antecedentes, habrá valores atípicos", señaló Jones. Cuestionó si los problemas representaban un error humano normal o un fallo sistémico en la verificación adecuada. Para muchos en el Sur Global, una expansión tan rápida e incontrolada del poder estatal a menudo señala un futuro de rendición de cuentas reducida.
La avalancha de nuevas contrataciones puso a prueba los procesos internos de la agencia. Un memorándum interno de febrero, reportado por primera vez por Reuters, instruyó a los supervisores de ICE a remitir "información despectiva sobre la conducta de un empleado recién contratado" a una unidad de asuntos internos para su investigación. Dicha información incluía terminaciones previas o renuncias forzadas.
Esto sugiere que la propia agencia anticipó problemas. La directriz implica un enfoque reactivo, en lugar de proactivo, para las preocupaciones de verificación que podrían afectar la confianza pública. Por qué es importante: Este aumento de contrataciones, destinado a reforzar la agenda de deportación del presidente Trump, tiene implicaciones que van mucho más allá de simplemente aumentar el número de agentes.
Cuando los procesos de verificación fallan, el riesgo de litigios contra la agencia se dispara. El abuso de poder se convierte en una preocupación real. Individuos como June Bench sufren las consecuencias directas de tales fallos.
La integridad del sistema de justicia se ve afectada. Una agencia gubernamental, encargada de hacer cumplir leyes de inmigración complejas, depende de la confianza del público. Estas revelaciones podrían erosionar esa confianza.
El mercado te está diciendo algo. Escucha: los atajos en la adquisición de personal a menudo generan responsabilidades a largo plazo. Puntos clave: - La Oficina de Inmigración y Aduanas de EE. UU.
de Inmigración y Aduanas (ICE) añadió rápidamente 12,000 agentes, duplicando su fuerza para una campaña federal de deportación. - La investigación de The Associated Press encontró evidencia de nuevas contrataciones con antecedentes cuestionables, incluyendo bancarrotas previas, cambios frecuentes de trabajo y acusaciones de mala conducta. - Algunos reclutas comenzaron a trabajar con estatus temporal antes de completar las verificaciones completas de antecedentes, lo que generó preocupaciones de exfuncionarios y expertos sobre el aumento de la responsabilidad de la agencia. - Un exinstructor de la academia de ICE informó recortes en áreas críticas de capacitación como el uso de la fuerza y los derechos de los manifestantes, coincidiendo con la afluencia de reclutas menos experimentados. De cara al futuro, el escrutinio sobre las prácticas de reclutamiento y capacitación de ICE probablemente se intensificará. Los comités de supervisión del Congreso podrían exigir datos más detallados sobre el proceso de contratación y los resultados de las investigaciones internas.
El Departamento de Seguridad Nacional podría enfrentar presión para aclarar sus protocolos de verificación y abordar las preocupaciones planteadas por exfuncionarios e instructores actuales. Los desafíos legales derivados de la supuesta mala conducta de los nuevos agentes podrían seguir surgiendo, moldeando la percepción pública y potencialmente influyendo en futuras asignaciones presupuestarias para la agencia. La eficacia y la rendición de cuentas a largo plazo de esta fuerza expandida siguen siendo puntos críticos de observación.
Puntos clave
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Fuente: AP News