Chile, un destino principal para la ropa usada a nivel mundial, se enfrenta a una crisis ambiental a medida que miles de toneladas de prendas sin vender se acumulan ilegalmente en su desierto de Atacama, en el norte. El problema ahora impulsa un cambio significativo en las políticas, con una nueva legislación que obliga a los importadores a gestionar los residuos textiles, un mandato respaldado por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile. Este cambio regulatorio ya ha impulsado una inversión de $7 millones en una planta de reciclaje especializada.
El enorme volumen de residuos textiles a nivel mundial presenta un desafío complejo para las naciones a lo largo de la cadena de suministro. Chile se encuentra en una coyuntura crítica, posicionado como un importante importador donde el ciclo de vida de muchas prendas a menudo termina en vastos vertederos ilegales. Las estimaciones indican que 123.000 toneladas de ropa usada llegan a Chile cada año, principalmente a través del puerto de libre comercio de Iquique.
Este puerto, un bullicioso nexo comercial, facilita el flujo de mercancías que provienen de América del Norte, Europa y Asia. De estas importaciones sustanciales, una parte significativa nunca encuentra comprador. Alrededor de 39.000 toneladas se desechan ilegalmente cada año, según cifras de las autoridades locales.
Estos textiles no deseados forman extensas colinas artificiales a lo largo del árido Atacama, un marcado contraste ambiental con los paisajes naturales y antiguos de la región. La magnitud del problema es enorme. Los funcionarios locales luchan por contenerlo.
La Zona Franca del Iquique, o Zofri, establecida en 1975, fue diseñada para impulsar el crecimiento económico y social en el norte de Chile. Otorga a las empresas de Iquique y sus alrededores la capacidad de importar, almacenar y vender mercancías sin incurrir en aranceles aduaneros ni Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este estatus convirtió la ropa usada en una importación destacada.
Estas prendas llegan fuertemente embaladas en contenedores de envío. Luego se venden dentro de Chile o se reexportan a otros países de América Latina. "Este sector proporciona un empleo significativo para las mujeres locales de la región", afirmó Felipe González, gerente general de Zofri, en una entrevista reciente. Él enfatizó los beneficios económicos. "Aproximadamente el 10% de nuestra fuerza laboral está involucrada con los textiles." Estas mujeres clasifican la ropa por calidad.
Es un trabajo accesible, que requiere mínimas cualificaciones formales. Sin embargo, los beneficios económicos vienen con un costo ambiental sustancial. Los artículos de menor calidad a menudo terminan en La Quebradilla, un enorme mercado al aire libre cerca de Alto Hospicio, una ciudad situada a unos 30 minutos cuesta arriba de Iquique, todavía dentro de la zona Zofri.
Aquí, filas de tiendas exhiben pilas de ropa sobre láminas de plástico. Los comerciantes venden de todo, desde camisetas hasta vestidos. Los precios son bajos, a veces a partir de 500 pesos chilenos (unos 54 centavos de dólar estadounidense).
Locales y turistas acuden allí en busca de ofertas. El verdadero problema surge cuando estos artículos no se venden. Los vertederos locales no pueden aceptar importaciones comerciales.
Los comerciantes se enfrentan a un dilema. Exportar la ropa cuesta dinero. Pagar impuestos para venderla fuera de la zona de libre comercio también cuesta dinero.
Enviarla a una empresa de residuos autorizada implica tarifas. Estas opciones a menudo se evitan. Comerciantes sin escrúpulos recurren con frecuencia a quemar ilegalmente las prendas o a verterlas directamente en el desierto de Atacama circundante.
Miguel Painenahuel, quien trabaja en el departamento de planificación de Alto Hospicio, describió el desafío de la vigilancia. "Alto Hospicio está rodeado de desierto y cerros", explicó. "Es fácil acceder con un camión o camioneta para deshacerse de la ropa." El ayuntamiento despliega patrullas y cámaras. Imponen multas. "Pero son tantos los camiones que tiran ropa", admitió Painenahuel, "que es realmente difícil controlarlo. Carecemos de recursos." Los números en el manifiesto de envío cuentan la verdadera historia de este flujo de residuos.
El enorme volumen abruma la capacidad local. Este problema creciente ha provocado una respuesta legislativa. El pasado julio, los textiles se incorporaron a la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Rep) existente en Chile.
Esta legislación responsabiliza a las empresas que introducen productos físicos en el mercado por la gestión del final de la vida útil de esos productos. Para el sector de la confección, esto significa que las marcas de moda, los minoristas y los importadores eventualmente deberán financiar y organizar la recolección, reutilización, reciclaje o eliminación adecuada de los textiles. Esto traslada la carga financiera de los ayuntamientos locales y el Ministerio del Medio Ambiente directamente a las empresas que se benefician del comercio.
Es un claro ejemplo de cómo la política comercial es política exterior por otros medios, oponiéndose al vertido de residuos internacionales. En Iquique, una posible solución ha comenzado a tomar forma. Luis Martínez, director ejecutivo de CircularTec, una organización chilena privada que promueve la reutilización de recursos, ha liderado los esfuerzos para encontrar nuevos usos para la ropa sin vender. "No queremos que el desierto de Atacama sea famoso como una atracción turística donde los visitantes puedan ver montañas de ropa", afirmó Martínez, subrayando la urgencia.
Su organización destaca una nueva fábrica en construcción, diseñada para procesar estos textiles no deseados. "Está dirigida por una empresa privada y, según nuestras proyecciones, podrá gestionar una gran parte del stock no deseado", afirmó. En el desierto cálido y ventoso, aproximadamente a 20 minutos de Alto Hospicio, el empresario Bekir Conkur está construyendo esta instalación. Conkur, originario de Turquía y radicado en Chile desde hace más de 15 años, es uno de los mayores importadores de textiles de la región.
Su empresa importa aproximadamente 50 contenedores de ropa cada mes. Él reconoce la necesidad de una solución. "Creo que esta fábrica va a ayudar con eso", dijo, refiriéndose al problema de los vertidos en el desierto. Su motivación es doble: abordar una preocupación ambiental y prepararse para los nuevos requisitos legales.
Conkur detalló las capacidades de la fábrica una vez que esté operativa en unos pocos meses. "La fábrica que estamos construyendo no necesitará agua ni productos químicos", explicó. Este es un detalle crucial en una región árida. "Vamos a usar máquinas que convertirán la ropa en fibras, y luego en fieltro, que se utilizará en cosas como colchones, muebles, el interior de automóviles y para aislamiento." Se proyecta que la instalación procese 20 toneladas de textiles diariamente. Esta capacidad podría reducir significativamente los vertidos ilegales actuales.
Por qué es importante: Este desarrollo tiene implicaciones significativas más allá de las fronteras de Chile. El flujo de textiles desechados hacia países como Chile destaca un desafío global para la industria de la moda rápida y sus consumidores. La Ley Rep representa un paso crucial hacia la internalización de los costos ambientales de producción y consumo, trasladando la carga de los servicios públicos a las empresas privadas.
Podría sentar un precedente para otras naciones que luchan con flujos de residuos similares, forzando una reevaluación de toda la cadena de suministro textil. Para el consumidor promedio, esto se traduce en el costo ambiental oculto de la ropa barata, que ahora está siendo abordado explícitamente por la regulación. Puntos clave: - Chile importa 123.000 toneladas de ropa usada anualmente, con 39.000 toneladas vertidas ilegalmente en el desierto de Atacama. - La zona franca Zofri en Iquique facilita estas importaciones, creando empleos locales pero también contribuyendo al problema de los residuos. - La nueva Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Rep) de Chile ahora exige a los importadores de textiles que gestionen sus productos al final de su vida útil. - Una fábrica privada de $7 millones, construida por un importante importador, pronto procesará 20 toneladas de residuos textiles diariamente para convertirlos en nuevos materiales.
El gobierno chileno está actualmente redactando las regulaciones específicas para el sector de la confección bajo la Ley Rep. Estos detalles delinearán las obligaciones precisas para marcas, minoristas e importadores. Se espera que la fábrica de Conkur comience a operar en cuestión de meses, ofreciendo una salida crítica para los residuos textiles.
Él anticipa procesar eventualmente el stock no deseado de todo Chile y potencialmente de otros países. La efectividad de la nueva ley, junto con la capacidad de las nuevas iniciativas de reciclaje, será observada de cerca mientras Chile busca transformar una crisis de residuos en un modelo para las prácticas de economía circular en el comercio textil global.
Puntos clave
— - Chile importa 123.000 toneladas de ropa usada anualmente, con 39.000 toneladas vertidas ilegalmente en el desierto de Atacama.
— - La zona franca Zofri en Iquique facilita estas importaciones, creando empleos locales pero también contribuyendo al problema de los residuos.
— - La nueva Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Rep) de Chile ahora exige a los importadores de textiles que gestionen sus productos al final de su vida útil.
— - Una fábrica privada de $7 millones, construida por un importante importador, pronto procesará 20 toneladas de residuos textiles diariamente para convertirlos en nuevos materiales.
Fuente: BBC News